Cabe destacar que la norma abarca fundamentalmente dos
aspectos[3]garantizar el derecho que se tiene a la
vida, a la paz y a la vivencia de una vida digna; y el que
comprende, en el caso de México, el
desarrollo del
proyecto de nación, encauzada a elevar el nivel de
vida de los gobernados. Este hecho se torna tangible en la forma
en que se habrán de administrar los impuestos
-cantidad onerosa que han de pagar al gobierno los
ciudadanos para tener al Estado
funcionando- conforme a una Propuesta Nacional de Desarrollo y la
cual se norma en la Ley de Ingresos y
Egresos, en el mismo proyecto de
país que presenta y presentó en campaña el
candidato ganador a la gente, y en los diversos ordenamientos
encaminados a este fin.
Asimismo, es importante señalar que las necesidades
sociales que el Estado a
través del Gobierno ha de llenar, y que de hecho,
exclusivamente para este fin la sociedad se
acopla en esta superestructura, son básicamente dos:
garantizar la seguridad de la
gente y proporcionar los bienes
básicos de su subsistencia (en donde se incluyen el
derecho a la salud, al trabajo, a
tener un lugar en donde vivir. lo que se conoce como
Seguridad Social).
Para garantizar la seguridad de los miembros de una comunidad que
cuenta con este grado de especialización, llamado
país, se organiza un cuerpo de personas quienes reciben un
entrenamiento
y un arma para cumplir con esta labor; el cuerpo que imparte y
recibe un grado de instrucción en la defensa del
territorio ante cualquier ataque exterior se denomina
Ejército, mientras que los encargados de garantizar el
orden interior para evitar el desorden, se les llama
policía.
De manera escueta, el gobierno se crea para vigilar el
cumplimiento de la Ley y para velar que sus gobernados se
desarrollen armónicamente y eleven su nivel de vida.
La victoria panista y
los anteriores esquemas de gobierno priístas
Fundamentalmente, el resultado de la pasada elección
presidencial se atribuye a la causa siguiente: la gente no estaba
de acuerdo con el modelo de
desarrollo con el que se venía trabajando desde hace poco
más de veinte años -el cual lo identificaban con un
partido político en especial (PRI)- ya que durante su
aplicación se presentaron por lo menos dos
quebrantos económicos (1988 y 1994), errores que costaron
la pérdida de miles de empleos y la caída del
poder
adquisitivo de la moneda[4]
En ese sentido, al gobierno al que se señala como
principal responsable de no haber previsto y corregido a tiempo el
problema mencionado, es a la gestión
encabezada por el ahora ex presidente Carlos Salinas de Gortari;
ello, en función de
haber sido una administración relativamente reciente
(1988-1994), en la que se colocaron muchas expectativas,
así como por ser el mandato en el que a su término
se registró la que para algunos fue la mayor crisis
económica que se haya registrado en la historia moderna del
país.
Proyecto
Solidaridad[5]
¿Qué sucedió durante ese periodo de
gobierno?
Al recibir el poder el 1 de septiembre de 1988, Salinas
tomó el mando de una nación
que presentaba una severa crisis económica provocada por
la falta de liquidez que no permitía al gobierno afrontar
los gastos que
debía erogar por concepto de pago
de deuda externa,
bonos
bursátiles -llamados Cete´s- así como las
compensaciones económicas que había que darse a los
distintos servidores
públicos por los servicios que
prestan al Estado.
Por ello, el gobierno priísta de 1988 decidió,
bajo el lema de Solidaridad,
realizar profundos cambios estructurales que le permitieran
afrontar los citados compromisos económicos, estabilizar
al Estado en materia
financiera, cumplir las promesas de campaña -entre las que
sobresalían la creación de fuentes de
trabajo, la erradicación de la pobreza y la
construcción de obra pública- y
gobernar de una manera eficiente.
Es decir, se reformaría al Estado en sus tres estructuras
básicas -Económica, Política y Social- de
una manera radical para asegurar la paz social (seguridad de la
gente) y alcanzar la elevación del nivel de vida de los
mexicanos.
En el ámbito económico, se impulsaría el
libre comercio
con las naciones del mundo con el objeto de crear más
fuentes de empleo a
partir del apoyo, promoción y expansión de la
actividad comercial. De esta premisa surge y se concreta la idea
del libre comercio entre
Canadá y los Estados Unidos de
América, firmándose el Tratado de Libre
Comercio (TLC) entre
estas dos naciones y nuestro país.
Además, para apoyar a la población en general y a la de bajos
recursos en
particular, se crea el programa de Pacto
de Solidaridad Económica (PECE), el cual tiene por objeto
estabilizar y mantener bajos los precios de
artículos de consumo y
primera necesidad, para que éstos puedan ser
fácilmente adquiridos y que con ello se reactive el
comercio interior, al incentivarse la demanda de los
artículos citados.
Por su parte, en el área política se
decidió economizar: reducir la nómina
gubernamental, proponer una nueva relación con los
partidos
políticos de oposición con el objeto de
legitimar el gobierno, ya que la elección para presidente
de la
República fue muy cuestionada por la forma en que se
llevó a cabo, y eficientar la
administración por medio de la venta de empresas
paraestatales (Teléfonos de México, privatización bancaria) que no se
relacionaban directamente con los objetivos
gubernamentales, y que con ello se obtuvieran más recursos
para invertir en el ámbito social a través del
Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol).
Esta demanda de verificar que las futuras elecciones fueran
más transparentes y dejaran satisfechos a los
contendientes, fue la que provocó la creación del
Instituto Federal Electoral (IFE), organismo que se
encargaría en el futuro de organizar las contiendas
conforme a reglas más claras y en donde en su
conformación participaran todos los actores
políticos.
En tanto, en el aspecto social se creó el Programa
Nacional de Solidaridad, el cual tenía por objetivo
construir y mejorar la obra pública en beneficio de la
comunidad
(escuelas, carreteras, hospitales), atender a la población
de bajos recursos a través del otorgamiento de becas
alimenticias y de capacitación escolar, y la promoción
y creación de fuentes de trabajo de carácter temporal y permanente que diera
ocupación a los desempleados de las localidades donde se
estuviera construyendo la obra pública,
incorporándolos al trabajo que se generara por este
concepto.
La evolución
de este proyecto de nación
A primera inspección, y de hecho, en su estructura,
este proyecto que se presentó era el correcto
para conducir el país en el tiempo en el que fue
presentado; hay que recordar que se venía de una crisis
financiera propiciada por la falta de recursos, así como
de la reparación de una social, provocada por el terremoto
de 1985, dejando como saldo veinte mil personas muertas y parte
de la capital de la
República, la ciudad de México, en
ruinas[6]
Sin embargo, varias fallas fueron los que imposibilitaron que
este planteamiento pudiera llegar a plenitud, y que se pudiera
elevar satisfactoriamente el nivel de vida de la
población, ya que los logros obtenidos
-construcción de carreteras, hospitales, escuelas- se
vieron opacados con el llamado error de diciembre de
1994[7]
De manera escueta, este error consistió en la venta de
las paraestatales a empresarios ya consolidados, ya que de esta
forma no se le dio la oportunidad de que participaran nuevas
personas en el negocio y ello propició la no adecuada
distribución de la riqueza; la planeación
del ámbito financiero y comercial, ya que las estrategias
adoptadas necesitaban de una base más sólida y
consolidada, como la inversión generada en el sexenio, ya que
ésta se captó en el mercado de
valores y no en la construcción de la infraestructura,
lo que propició que una vez presentado el problema
el dinero se
fuera.
Todo ello desencadenó en una sobrevaluación del
peso (la moneda vale más de lo que realmente cuesta) que
propició una devaluación al no poderse sostener su
costo, y de nueva
cuenta se presenta la falta de liquidez del gobierno para
afrontar los gastos de manutención del Estado.
Ernesto Zedillo y el
bienestar para tu familia
Ante el retroceso presentado en el proyecto de nación,
en 1994 siendo elegido en las urnas como presidente de la
República, el Doctor en Economía, Ernesto Zedillo Ponce de
León, decide emprender un programa que, bajo el lema de
bienestar para tu familia, estuviera encaminado a
estabilizar la situación del país y por ende,
mejorar la situación en general de los
ciudadanos[8]
El objetivo era estabilizar el país de la siguiente
manera:
En el ámbito económico, normalizar las variables
llamadas macroeconómicas –empleo, pago de la
deuda externa, importaciones y
exportaciones–
con el objeto de recuperar el poder adquisitivo de la moneda y
que la gente pudiera comprar los satisfactores básicos,
reactivar el comercio mediante la estabilización de la
moneda, y generar empleos mediante la promoción de que
México es un país donde los empresarios extranjeros
pueden instalar sus empresas.
En el área política, y ante el descontento
social generado por los descalabros presentados al final de la
administración anterior y a principios de la
gestión Zedillista, que también es de
extracción priísta, se decidió cambiar las
reglas de elección, creando y adicionando reglas
más transparentes al nuevo Código
Electoral, llamado Copife, y reformando la ley para que el
Instituto Federal Electoral fuera una Institución
Autónoma, en manos de los ciudadanos, pues antes de este
cambio, la
Secretaría de Gobernación tenía nexos con el
IFE, relación manifestada en que el presidente de su
Consejo General era el encargado de la citada dependencia
gubernamental.
Los cambios en las reglas de elección fueron la
constante actualización y vigilancia al registro de
electores, la adición de más candados de seguridad
a la credencial de elector, y la difusión de una cultura
cívica entre la población que creara una conciencia de que
se debe votar.
Asimismo, se llevó a cabo la reforma política
del Distrito Federal, en donde desaparecía la entidad de
gobierno llamada Departamento del Distrito Federal (DDF),
dependencia encargada de administrar la capital del país y
que estaba en manos de un servidor
público dependiente del presidente, y en su lugar
sería elegido democráticamente un Jefe de gobierno
quien asumiría a partir de 1997 esta responsabilidad.
En el aspecto social, se intensificaron los programas de
atención a la pobreza y se
sustituyó al Pronasol por el Programa de Apoyo a la Educación, Salud y
Alimentación (Progresa). El objetivo
máximo era recuperar el poder adquisitivo y estabilizar el
nivel de vida de la población.
Se emprendió un programa de ayuda a las comunidades
indígenas del país, y se le dio un seguimiento
especial a ello por la tensión existente a raíz de
la aparición de un grupo armado
en 1994 denominado Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN) en Chiapas, el
cual busca la reivindicación de los derechos de las etnias
mexicanas.
La transición
del año 2000
Sin duda el gran logro de la gestión del ahora ex
presidente Zedillo fue lograr que no hubiera una crisis
económica al final de su mandato, tal y como se
había presentado al final de varios gobiernos desde hace
veinte años aproximadamente[9]sin embargo,
a pesar de esto, la gente votó por un partido distinto al
que había gobernado al país durante más de
siete décadas de manera continua.
Ello se debe a que la percepción
general de la ciudadanía, tal y como se registró
en los diarios el día posterior a la elección
presidencial del dos de julio, era que solamente se estaban
corrigiendo los errores que los anteriores gobiernos
habían dejado tras de sí, y que la
corrección de estas fallas no eran las soluciones
esperadas, pues en el caso del problema del desempleo, la
generación de nuevas fuentes de trabajo no compensaba a la
ocupación económica perdida.
Sin embargo, la gente por medio de su voto contrata
simbólicamente a la persona o grupo
de personas que habrán de llevarlas a un desarrollo
armónico: seguridad y alto nivel de vida -como lo marca la teoría
política- y al no ver un desempeño óptimo de éstos al
frente del gobierno, se produce un cisma entre la clase
gobernante y el resto de la sociedad, pues ésta desea ver
cumplidas los ofrecimientos que se le hicieron en
campaña y no ver errores que le han de costar un
gran sacrificio sobrellevar[10]
El Gobierno del
cambio
Ante tal escenario, durante las campañas hechas rumbo a
las elecciones presidenciales del año 2000, el PAN y su
candidato Vicente Fox ofrecen, de manera general, ayudar a la
gente y en especial a los pobres a elevar su nivel de vida a
través de la implementación de un programa de
acción
integral que guíe las acciones del
gobierno encaminadas a trabajar para lograr este fin; en lo
económico, crecer a niveles del 7 por ciento anual; y en
lo social, evitar usar los aparatos de seguridad para espiar a
los oponentes políticos, y desarrollar un programa
integral de seguridad pública que le dé a la gente
este beneficio social, pues el clima vivido no
es el más óptimo para la convivencia social.
Resultados
Al ganar Fox el la citada contienda, y al tomar
posesión de su cargo el primer día del mes de
septiembre del año dos mil, la mayor parte de la
población -la que votó por él-
depositó su confianza en que vería cambios
importantes en el país, los cuales impactarían de
manera significativa en su forma de vivir.
A casi dos años de gestión, el avance en esta
materia no se ha visto de forma tangible -como lo señala
la encuesta de
opinión- y por ello empieza a aflorar la inconformidad
entre la población.
El cambio en el rumbo político del país, en
acuerdo a la percepción general, no ha modificado el
económico y social.
Por el contrario, las notas que actualmente se comentan son
relativas a las modificaciones fiscales hechas durante los
últimos minutos del 31 de diciembre del año pasado
a la Ley de Ingresos del gobierno, así como la
liquidación del Banco dedicado a
apoyar el desarrollo del campo mexicano Banrural, dada a
conocer a mediados de junio, además de la constante
guerra de
declaraciones existente entre varios funcionarios pertenecientes
a distintos órdenes, poderes y niveles de
gobierno[11]
Es importante destacar que para el grueso de la
población le importan los resultados, y no hacen un claro
distingo entre el poder
Ejecutivo al que pertenece el presidente, y el Legislativo,
el cual se encargó de realizar los cambios en la manera de
cobrar y administrar impuestos y de eliminar el Banrural; por el
contrario, le dieron la responsabilidad de la conducción
del país al presidente, y es a éste al que le
reclaman en un momento dado de las acciones que dentro del
territorio ocurren.
En el caso del cambio en el ingreso gubernamental, se
adicionaron impuestos suntuarios, los cuales consisten
en gravar el azúcar,
los libros, y
algunos artículos de uso personal
(vestido, calzado); rápidamente se manifestó la
inconformidad social, pues se razona que si el compromiso
presidencial es el de elevar el nivel de vida, no se comprende el
por qué se incrementa el pago obligatorio al Estado, aun
cuando éste es necesario para incrementar su
funcionamiento y cobertura de servicios.
Por su parte, en el caso de Banrural, se nota más el
costo que va a gastarse en su liquidación -más de
30 mil millones de pesos- que el beneficio que trae consigo el
ajuste, el cual se afirma que es necesario en virtud de que esta
Institución Financiera, fundada en 1926 por el iniciador
del PAN Manuel Gómez Morín, no estaba ya trabajando
adecuadamente y en cambio, representaba para la sociedad un gasto
considerable el mantenerlo.
Esta reforma en especial, fue anunciada por los senadores del
Partido Acción Nacional.
Aunado a ello, se suman las deudas que dejó la pasada
administración por concepto del llamado rescate bancario,
el cual consistió en pagar vía impuestos la falta
de solvencia de las Instituciones
Financieras provocada por la falta de pago de los deudores por el
crédito
que éstos adquirieron con anterioridad, y la guerra de
declaraciones de funcionarios de alto nivel -Secretarios de
Estado y Legisladores- culpándose mutuamente por la
situación actual del país.
Por lo anterior se piensa que los impuestos no están
siendo bien aplicados.
Se deduce que se necesita de un contrapeso adicional al voto
electoral que obligue a la autoridad a
actuar de una forma más eficiente y que cumpla las
promesas que lanza durante las campañas.
Es cierto que los cambios prometidos no se verán tan
rápidamente como se había declarado, pues el
revertir, corregir y encauzar muchos asuntos de interés
nacional como la generación de empleos dependen de la
coordinación de la política
económica con el sector empresarial y la dinámica mundial; sin embargo, si se debe
establecer un contrapeso al poder que impida que los
políticos que desempeñan un cargo de importancia en
el gobierno, lo hagan lo mejor posible evitando distraerse de su
labor con una guerra de declaraciones, ya que se cree que estas
luchas internas desvían los esfuerzos por construir el
país que se pretende.
La Ley de Acceso a la Información
A mediados del año 2002 se aprobó antes de que
terminara el periodo de sesiones del Congreso Federal, una Ley
que permitirá a la gente conocer específicamente en
qué se gastan los impuestos que pagan al gobierno, con el
fin de eficientar la administración del dinero y
eliminar paulatinamente la corrupción.
Se prevé que se alcanzará la aplicación
total de este nuevo ordenamiento en aproximadamente diez
años.
Junto con el informe anual que
rinde el primer mandatario de la nación el primero de
septiembre de cada año, en el que explica a los ciudadanos
y a sus representantes, los diputados y senadores, sobre el
estado que guarda el país, se espera cumplir con la meta de
informar en qué etapa del camino se encuentra la sociedad
mexicana rumbo al destino fijado de alcanzar el nivel de
desarrollo exigido por los ciudadanos, dar el visto bueno y
seguir avanzando en esa dirección.
Sin embargo, existe la duda de que se informe del estado que
guardan las cosas en México, y no de los avances que se
deben hacer para cambiarlas, por lo que la información dada por estos medios no
garantiza el cabal cumplimiento de las metas fijadas y de los
compromisos asumidos en campaña: igual se puede informar
que persisten errores y que lo hecho no ha funcionado
adecuadamente, lo que equivale que lo hecho es nada, como en el
sexenio encabezado por López Portillo (1976-1982), en
donde la nacionalización bancaria no benefició a
las finanzas del
país, y en cambio, se perdió una cifra considerable
de fuentes de empleo en esta materia, además de que se
devaluó la moneda -es decir, un retroceso en la vida
económica mexicana-, aspectos que se informaron en la
sesión de apertura de actividades del Congreso respectiva
sin que se corrigiera de manera expedita, dejándose
también incumplidas las promesas de campaña
relativas a la mejora social.
Una Ley que obligue a la rendición de
cuentas
Por ello se propone la creación de un ordenamiento que
obligue a los encargados en el gobierno en turno de cumplir las
promesas hechas en campaña y planteamientos formulados en
su proyecto de nación -en el Plan Nacional de
Desarrollo- poniéndolos como objetivos a alcanzar,
manifestando los mecanismos que habrán de usarse para
llegar a ese propósito, el tiempo y los recursos que
contemplan utilizar para llegar al lugar establecido, de una
manera ordenada, so pena de cumplir una sanción en caso de
incumplimiento.
<<Actualmente se plasma en ordenamientos como la ley de
Ingresos y Egresos del gobierno manera cómo gasta el
dinero recaudado impuestos, pero no tiene certeza que dicho gasto
sea efectivo para solucionar problema cual aplica.>>
Lo anterior se piensa necesario en virtud de que los gobiernos
anteriores que formulaban sus planes de desarrollo con base a
lemas representativos, dejaban la tarea impuesta incumplida sin
que rindieran de manera efectiva cuentas a la
nación: informaban qué es lo que pasaba, los logros
que en la materia rescataban, pero al final algo pasaba y se
volvía más agudo el problema: si no cumplían
con lo ofrecido tanto en campaña como en el Plan Nacional
de Desarrollo, no existía mayor problema para ellos ya que
dejaban el poder en el tiempo previsto para ello y dejaban esta
carga de trabajo al sucesor.
De esta manera, se garantiza que las personas
contratadas por medio del voto emitido por la gente en
las urnas, desempeñen una adecuada gestión al
frente del aparato de gobierno, independientemente si es un poder
del Estado en particular, y señalando que el peso en la
ejecución de los proyectos recae
en el poder Ejecutivo, encarnado en el presidente de la
República y los respectivos encargados de despacho,
quienes son escogidos por el mismo presidente para auxiliarlo en
el desempeño de su tarea.
Así se evita el desencanto de la gente provocado por el
incumplimiento de sus expectativas, como se manifiesta en la
encuesta citada al principio de este ejercicio de escritura, y
se le manda el mensaje de que en efecto se encuentran los
servidores públicos trabajando en pro del proyecto de
nación ofrecido.
Cuentas claras, amistades largas, señala el
refrán.
Bibliografía
Bolio, Paoli. Comunicación e
Información: Perspectivas Teóricas.
Trillas. México, 1997.Bromm, Juan. Historia del mundo
contemporáneo. Grijalbo. México, 2000Hobbes, Thomas. Leviatán.
FCE. México, 1980.Lozano Rendón, Carlos.
Teoría y Práctica de la Comunicación
de Masas. Alambra. México, 1997.Maquiavelo, Nicolás. El
príncipe. Editores Mexicanos Unidos.
México, 1990.Marx, Karl. El Capital. Editores
Mexicanos Unidos. México, 2002.Maynes. Introducción al Estudio
del Derecho. México, 2000.Moragas. Sociología de la
Comunicación de Masas: Tomo 1, Escuelas y
pensadores. Gustavo Gili. Barcelona, 1980.Rosseau. El Contrato Social.
Editores mexicanos Unidos. México, 2000.Sun Tzu. El Arte de la Guerra. FCE.
1990.Weber, Max. Economía y
Sociedad. FCE. México, 1980.
Autor:
Ernesto Vera
[1] Para corroborar y ver el resto de los
resultados de este ejercicio de opinión realizado por el
gobierno federal, véase Revista
Milenio, México D.F. 1 de junio de 2002.
[2] Más información en Introducción a la Ciencia
Política, editado por el Instituto de Estudios
Políticos. Madrid,
1957, y Roderic Ai Camp, Reclutamiento Político en México
1884-1991, de Siglo XXI editores. México D.F. 1996.
[3] Los objetivos, estructura y razón
de ser de la Ley, y en específico, del Derecho Mexicano,
se pueden consultar en García Maynez,
Introducción al Estudio del Derecho, Porrúa.
México D.F. 2000.
[4] Datos recabados
por Reforma, 3 de julio de 2000 y Reforma, 2 de septiembre de
2000.
[5] Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994:
Informe Ejecutivo 1989. Editado por el Poder Ejecutivo
Federal-Secretaría de Hacienda. México D.F.
1990.
[6] Nueva Enciclopedia Temática
Planeta, editorial Planeta. México D.F. 1994.
pág. 311.
[7] Yo ya no tenía el honor de ser
presidente, Carlos Salinas, Reforma, 27 de noviembre de1998.
pág. 2.
[8] Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000:
Informe Ejecutivo 1995. Poder Ejecutivo
Federal-Secretaría de Hacienda. México D.F.
1996.
[9] VI Informe de gobierno, Reforma, 2 de
septiembre 2000. pág. 1.
[10] Roderic Ai Camp, Reclutamiento
Político en México 1884-1991, de Siglo XXI
editores. México D.F. 1996.
[11] Banrural, El Universal, 15 de junio
2002. pág. 1; Reforma Fiscal,
Reforma, 1 de enero de 2002. pág. 1.
 Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente  |